Camino a la Desburocratización. Breve análisis del “megadecreto”. Expectativa en el Congreso

El pasado jueves 11 de enero de 2018, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 27/2018 de “Desburocratización y Simplificación” presentado por el Gobierno con el claro objetivo de promover el funcionamiento dinámico y eficaz de la gestión pública.

Se trata de un Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) de 24 capítulos que introduce unas 140 modificaciones en leyes o decretos y derogan otras 19 leyes o decretos, generando importantes cambios en varios Ministerios (Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, de Defensa, Agroindustria y Energía), y en relación a diversos organismos descentralizados.

Este “megadecreto”  se traduce en un reordenamiento normativo que busca erradicar las barreras burocráticas para agilizar y economizar los trámites ante la administración pública, implementando asimismo sistemas informáticos que permiten mayor transparencia y celeridad.

No obstante su vigencia y validez, todavía falta un paso más para que la medida sea definitiva: el tratamiento expreso del Congreso.

Con fecha 25/01/2018 el Poder Ejecutivo de la Nación elevó el D.N.U. al Congreso y desde entonces la Comisión Bicameral Permanente cuenta con 10 días hábiles para elevar su dictamen al plenario de la Cámara de Diputados y Senadores para su expreso tratamiento (lo que se estima que se hará el próximo 06/02/2018).

Luego, el D.N.U. necesitará la mayoría simple de los votos para su aprobación. Es aquí donde el panorama resulta incierto ya que los principales bloques opositores de la Cámara de Diputados se manifestaron en contra de la medida.

Lo cierto es que, independientemente de lo que dictamine la comisión, cada Cámara del Congreso puede abordar el tratamiento de un D.N.U. y votar a favor o en contra. Es importante destacar que para que sea derogado debe ser rechazado explícitamente por las dos Cámaras parlamentarias.

Es importante entender la razón de ser del “megadecreto”, el cual postula : “que es indispensable elaborar una estrategia sistémica e integral que establezca como premisa básica la mejora regulatoria como una labor continua del sector público y abierta a la participación de la sociedad, que incluya la reducción de los trámites excesivos, la simplificación de procesos y la elaboración de normas eficientes que nos lleve a un Estado eficaz, capaz de responder a las necesidades ciudadanas y respetuoso de la autonomía privada”.

En este orden de ideas, su necesidad y urgencia surge del hecho de “que una regulación de calidad es clave para el crecimiento incluyente y el bienestar de la población, razón por la cual contar con marcos regulatorios de calidad, resulta imperativo”, tal como señala en sus considerandos.

Sin lugar a dudas, el plan de desburocratización y simplificación lanzado por el Gobierno importa una gran apuesta por el cambio.

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Buenos Aires, Enero de 2018